18 agosto, 2015 serviesco

¿Por qué fallan la seguridad y la justicia en Barranquilla?

Pese a los esfuerzos realizados por la Alcaldía, en desarrollo de la PIS, la percepción ciudadana sobre la inseguridad sigue siendo la misma o peor.
La Política Integral de Seguridad, PIS, ha significado la implementación de políticas con una alta inversión que ha permitido la adquisición de 630 motos más el suministro de otras 600 por parte de la Gobernación, 6 CAIs móviles, la reconstrucción y adecuación de todos los casi, 35, del Área Metropolitana, y la construcción de 15 blindados.
Además, la puesta en marcha del Laboratorio de Criminalística, clave en los procesos de investigación criminal y que hasta ahora solo Bogotá contaba con uno propio en el país, así como la implementación de la Unidad de Prevención y Justicia (UPJ) para el tratamiento de las conductas contravencionales: riñas, ruido, escándalo en vía pública, entre otras.
En inversión e innovación tecnológica se destaca el hecho de que de 86 cámaras análogas se pasó a 246 digitales, además de la instalación de otras 39 con sistema de lectura de placa, únicas en el país. Igualmente, el diseño y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia en línea con el CAD, para los buses de transporte público, también único en el país, lo que ha permitido aumentar las capturas.
Adicionalmente, el enfoque preventivo de la política de seguridad que permite la identificación, abordaje y tratamiento de los diferentes factores de riesgo social y situacional, asociados a la inseguridad o a la violencia.
Dentro de ellos se destacan programas como Entornos Socio Urbanos Seguros (Esus) y Va Jugando, la formación de policías en requerimientos del Sistema Penal para bajar el índice de capturas decretadas ilegales por parte de los Jueces de control de garantías, la construcción y adecuación de parques, mejoramiento del alumbrado público en las zonas críticas y la lucha contra las “cuevas” y ‘ollas’ del microtráfico como en el caso de las colmenas del mercado público.
En este proceso el número de policías creció de 1.600 para atender 21 municipios del Atlántico a 4.533 para el Área Metropolitana, lo que también ha permitido aumentar la cantidad de cuadrantes de 75 a 180.
No obstante, frente a las demás capitales, Barranquilla registra el más bajo número de policías por cada 1.000 habitantes, con 2,25. En Cartagena la cifra es de 3,37; en Bucaramanga, 3,10; en Cúcuta, 3,08; Cali, 2,82; Bogotá, 2,65 y Medellín, 2,51.
Sin embargo, la pregunta que sigue en el ambiente es ¿por qué persiste la inseguridad y las fallas en el sistema judicial, si la Alcaldía Distrital de Barranquilla ‘ha hecho bien la tarea’?
Según el exalto Consejero Distrital para la Seguridad, Guillermo Polo Carbonell, el problema estriba en la represión de las conductas punibles, es decir, en la judicialización de los delitos y crímenes, “donde la Administración Distrital ni ningún otro gobierno local, tiene competencia ni injerencia directa”.
“Y es aquí donde, con cada vez mayor asombro, observamos que no solo mejoran sino que se agravan cada día más. Las debilidades estructurales y sistémicas de la administración de justicia y de los sistemas penitenciarios y carcelarios no solo desbordan la capacidad local sino que hacen inocuos todos los otros esfuerzos. Es en este caso donde los ciudadanos y el Gobierno de Elsa Noguera estamos esperando que la Nación reaccione”, aseguró Polo Carbonell.
Las cifras corroboran la anterior apreciación.
En el año 2013 se produjeron 11.724 capturas, de las cuales 3.290 quedaron en intramurales (28%), 5.050 domiciliarias (43%) y en 3.384 (29%) los capturados fueron cobijados con la libertad.
En 2014, se registraron 10.566 capturas, de las cuales 1.045 quedaron en intramurales (9.8), 1.515 domiciliarias (14,33%) y a 7.996 (75,67%) de los capturados se les decretó la libertad.
Esto significa que entre 2013 y 2014 las detenciones intramurales disminuyeron en 68,24% lo que equivale a decir que 2.245 delincuentes más pasaron a la calle. Igualmente, las detenciones domiciliarias se redujeron en 70%, es decir, 3.545 menos, mientras que las libertades aumentaron en 136,29%, lo que significa 4.612 de los capturados quedaron libres.
Adicionalmente, si se hace un diagnóstico del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), del 100% de las noticias criminales (apertura formal de un expediente ante la Fiscalía), solo el 46% registra alguna actuación, por lo cual el 54% restante pasa a inventario. De esta cifra, la tasa de evacuación es del 1% lo que finalmente refleja una alta impunidad.
Por estas razones, Polo Carbonell puntualiza que en la gestión de la seguridad, más que en cualquier otro servicio público a cargo del Estado, las responsabilidades y competencias están dispersas en varias instituciones, “lo que dificulta la comprensión ciudadana en términos de rendición de cuentas, sobre qué debe hacer cada entidad en relación con estos servicios y cómo hacemos para exigírselos”.
Esto se había logrado articular desde el Comité de Orden Público, que sesiona cada martes, presidido por la Alcaldesa y el exalto Asesor, con la participación de los titulares de los distintos organismos, pero desde hace un año, se ‘relajó’ su continuidad y ahora es una mera ‘izada’ a la bandera. Para cumplir una formalidad. Sin el brío y los resultados iniciales. Pese a los esfuerzos de la Alcaldesa, falta compromiso de otros entes del sistema judicial.
El exalto asesor de seguridad anunció que va a continuar con los planes de reforzar los planes y políticas de seguridad, haciéndolo extensivo ahora a 5 Municipios del Atlántico desde la Dirección del Área Metropolitana de Barranquilla, cuyo cargo asume desde el 1 de septiembre de este año.

Fuente: Zonacero

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